El lunes 9 de noviembre, la abogada Mariana Vargas, fue
notificada por el Colegio de Abogados de Jujuy de que el Tribunal de Etica de
dicha institución la sancionaba con una multa de tres mil pesos por haber
violado la ética profesional.
La violación a la ética profesional, según ese tribunal, se
consumó por la publicación en su perfil de facebook de una foto en la que se
reclamaba cárcel a Antonio Salvador Sánchez, por haber violado a su sobrina
desde que era niña hasta que fue adolescente. La publicación tuvo tal
trascendencia, por la calidad de abogada de Mariana Vargas y por ser reconocida
como abogada de víctimas de violencia de género.
Esta sanción se da en el marco de una lucha concreta del
movimiento de mujeres, y la organización de Mujeres Unidas por la Lucha, que
inició una campaña para lograr la cárcel de Sánchez, y tuvo como uno de los
hechos sobresalientes el escrache en la empresa donde esta persona trabajaba,
AUTOLUX. A la vez, esta empresa es patrocinada legalmente por quien era
presidente del Colegio de Abogados en aquel entonces, Mario Mallagray.
Siendo el primer caso en el que se sanciona a una abogada
por lo que la misma hace como persona en el ámbito privado (perfil de facebook)
resulta ejemplificador para el movimiento de mujeres, y en definitiva para
todos los abogados. Si todas las acciones de los abogados en su vida privada
caerá bajo la competencia juzgadora del Colegio de Abogados, se desata sin
dudas una caza de bruja, y un especial encorsetamiento de las acciones que los
mismos puedan realizar como militantes sociales.
Esta sanción es un ataque flagrante a la libertad, a la
militancia social, a los movimientos de lucha que pretenden con las acciones
directas los cambios sociales.
Es llamativo que la vieja conducción ha sido la que inició
la persecución, y la nueva, de hace apenas unos meses, es la que retoma la
misma persecución con absoluto desparpajo, imponiendo un modelo de abogado, a
fuerza de sanciones y abuso de poder, apartado de la lucha social, cuestión que
la propia sentencia sancionatoria reconoce en la trayectoria de la abogada
Mariana Vargas.
El jueves 12 de noviembre, luego de acompañar en Tribunales
la declaración de Kike Mosquera en el juicio por uno de los cuatro crímenes del
desalojo en Libertador General San Martín de 2011, la CCC marchó hacia el
Colegio de Abogados para repudiar esta sanción, el que ya estaba rodeado de
policías escudados, y donde se realizó un acto en el que dirigieron la palabra
Miriam Morales (Multisectorial de Mujeres de Jujuy), Romina Canchi (Agrupación
Tito Galli, ATE) y Elsa Colqui (Casa de la Mujer María Conti de San Pedro de
Jujuy).
Eran tres causas
La Dra. Mariana Vargas fue denunciada por tres personas en
el Colegio de Abogados de Jujuy. 1) Por Torres, condenado por violación y preso
hoy. Esta causa se cerró por caducidad. 2) Por Aramayo, sobreseído en sede
penal, hoy con un recurso ante organismos internacionales, esta causa fue
declarada nula porque la prueba que inició la denuncia fue “sustraída” del
expediente de Sánchez, por el contubernio “Mallagray-Pullen
Llermanos-violadores”, usando las propias defensas de Vargas en el expediente
de Sánchez, sin que tales actuaciones sean públicas. 3) La de Sánchez, que era
defendido por Pullen Llermanos, que en un expediente judicial patrocinó al
presidente del Colegio de Abogados, como se acredita en la causa, y que hoy es
Juez habilitado del fuero penal.
Palabras de Mariana Vargas
“Vamos a apelar esta sanción-expresó la Dra. Vargas- porque
no podemos aceptar que se nos haga callar la boca, y se nos diga qué podemos
hacer los abogados y qué no, si podemos luchar o no por transformar la realidad
en nuestro país. ¿Cuál será la próxima sanción? ¿La suspensión de la matrícula?
Yo no dejaré de luchar y escrachar a los violadores cuando la justicia
garantiza la impunidad en un 90% de casos, y desde el movimiento de mujeres
necesitamos imponer cambios con acciones directas. Así avanzamos las mujeres
todos estos años. Sigo exigiendo la cárcel a Antonio Salvador Sánchez, que está
acusado de violación y libre, con una causa estancada mientras su víctima
padece todas las consecuencias del daño psicológico del abuso en un primer
momento, y de la impunidad judicial ahora”.