viernes, 22 de febrero de 2013

Homenaje a René Salamanca en la provincia Córdoba



HOMENAJE A
RENÉ SALAMANCA

Por la incorporación a la megacausa La Perla, de la causa Rodríguez 2, donde se encuentra el caso de René Salamanca y alrededor de 180 más. ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los represores!
22/02, 10 hs. Marcha de Plaza Velez Sársfield a los Tribunales Federales.

22/02, 17 hs. Acto homenaje a René Salamanca en Plazoleta René Salamanca y demás obreros mártires de la lucha popular (frente a la Renault).

Después, velada -choripaneada de intercambio, con actividades recreativas y culturales.

Organiza: Comisión Permanente de Homenaje a René Salamanca.


En el aniversario de la tragedia de Once, reproducimos documento de Plataforma 2012 leído en el acto del 22 de febrero y publicado el 4 de marzo de 2012


La masacre de Once
UNA TRAMA
DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
 
 
A las 8.30 del miércoles 22 de febrero, en plena hora pico, una multitud emprendía el camino hacia su lugar de trabajo, como todos los días. Sin embargo, ese miércoles, en un tren de Buenos Aires, la rutina estalló. Otra vez el dolor, la tragedia y la muerte enlutaban la vida de los argentinos.
Es difícil hablar sobre el dolor, pero también es ineludible: es responder a una demanda social de justicia y a la necesidad de resolver los problemas que afectan las diferentes formas de la vida cotidiana y que al no ser afrontados exponen a nuestro pueblo al desamparo y dejan las puertas abiertas a nuevas catástrofes.
Sobre los 51 muertos y los cientos de heridos, sobre todos aquellos que por mucho tiempo no podrán borrar de sus mentes las imágenes, los sonidos y hasta los olores del horror, cayó un primer anatema: “esa costumbre de los argentinos de viajar en los primeros vagones”. Así, el Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi iniciaba, para este trágico caso que nos conmueve e indigna, el viejo y triste ejercicio de culpabilizar a las víctimas, mostrando de paso su absoluto desprecio por los trabajadores. En la conferencia de prensa en la que Schiavi volvió a aparecer, esta vez junto al Ministro de Planificación Julio De Vido, y en la que - como es habitual en la práctica comunicacional del oficialismo - no se admitieron preguntas de los periodistas, se anunció que el gobierno - en una estrategia de auto-victimización, tendiente a invertir la realidad de los hechos y a forjar el camino de su propia impunidad - se presentaría como querellante en la causa. Pocos días después la Ministra de Seguridad Nilda Garré reproducía la inducción de culpabilidad sosteniendo que Lucas Menghini, la última víctima fatal hallada en el mismo escenario de la masacre, viajaba en un lugar inadecuado. Las palabras inconcebibles pronunciadas por dichos funcionarios fueron apuntaladas por la Presidenta de la Nación en el acto de homenaje a la bandera, celebrado el lunes 27 en Rosario, después de varios días de inexplicable silencio. Cristina Fernández de Kirchner dijo entonces que el gobierno esperaría los resultados de la investigación judicial para tomar las medidas pertinentes, como si no fueran de público conocimiento el estado de abandono de los trenes de pasajeros y la cadena de corrupción vinculada a su concesión, que tiene nombres y apellidos. En el discurso de apertura de las sesiones parlamentarias atribuyó al pago de las deudas del corralito la insuficiencia de inversiones en el sector, ocultando la realidad de los subsidios millonarios que la concesionaria Cirigliano ha recibido durante los 8 años de gestión kirchnerista, y que provienen de las arcas del Estado. 
 
 Más allá de la falta de sensibilidad que puede inferirse del hecho de no haber rodeado de afecto y continencia a las víctimas y a sus familiares, el gobierno eligió tratar el tema desde un lugar de exterioridad, como observador neutral, silenciando lo fundamental: las responsabilidades conocidas, en particular la suya. Esta parece ser su marca registrada: cuando se trata de hechos flagrantes que contradicen su discurso épico “nacional y popular”, los silencia o enmascara. Así lo hizo con la sanción de la ley antiterrorista, o con las corporaciones mineras.
¿Es que el gobierno no se daba por enterado de las denuncias expresadas de las más diversas formas? No sólo hubo a lo largo de estos años estallidos populares espontáneos que daban cuenta del deterioro, del abandono que no garantizaba las condiciones básicas para el funcionamiento seguro del ferrocarril. También la Auditoría General de la Nación y los propios delegados de los trabajadores del Sarmiento habían alertado una y otra vez sobre los peligros que se cernían y que finalmente desencadenaron la tragedia. La inculpación del conductor, el supuesto “error humano”, tiene también el sentido de ocultar a los verdaderos responsables: la empresa TBA y el gobierno.
La política de vías férreas concesionadas a empresarios privados, iniciada por Carlos Menem, que provocó el despido de 80.000 trabajadores, la desaparición de decenas de pueblos y el saqueo del patrimonio nacional, se mantuvo sin variaciones hasta hoy. Distintas corporaciones se siguen beneficiando de las ganancias que producen los trenes de carga mientras que los subsidios estatales que tenían que ser destinados al mantenimiento y al funcionamiento eficiente y seguro de los trenes de pasajeros terminaron engordando los bolsillos de grupos amigos como los hermanos Cirigliano de TBA, cuya relación con el gobierno ha sido denunciada desde que se iniciaron los juicios al ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime.
El desguace del Estado fue posible merced a las llamadas políticas “neoliberales” aplicadas en los ‘90, que profundizaron la desigualdad e hicieron que la precariedad, como forma de relación social, expandiera violentamente sus fronteras. Ese “modelo”, con su correlato en la cultura, la posmodernidad, no sólo apuntó al quiebre de solidaridades (sociales, laborales), potenciando la asimetría existente entre capital y trabajo, sino que fragmentó aún más la experiencia de los individuos, e insertó la vida en un horizonte signado por la inestabilidad, la incertidumbre, la indefensión y la falta de perspectivas en relación al futuro. La espesa trama de las distintas formas de corrupción e impunidad, que contó con la complicidad y la participación activa del aparato del Estado, multiplicó los peligros de la precariedad imperante: mayores riesgos laborales, grandes usufructos empresariales, transferencia de ganancias millonarias al exterior, reducción de costos, enorme deterioro de los servicios e imposición de condiciones indignas de trabajo.
Este estado de cosas transformó la vida de las personas en mercancías, en cuerpos sacrificables o desechables. Es en esta perspectiva que se inscribe la muerte de 7 operarios en la explosión de la fábrica militar de Río Tercero (1995), de 67 pasajeros de Lapa (1999), de 14 trabajadores en el yacimiento de Río Turbio (2004), de 194 jóvenes en Cromañón (2004), de las víctimas de trabajo esclavo en los incendios en talleres textiles en Buenos Aires (2006 y 2007), de 11 pasajeros en el accidente de Flores (2011).
En ese marco, la masacre de Once expresa de modo paradigmático un “modelo” cuya base fue impulsada por las reformas neoliberales de los años ’90, y que fue profundizada y consolidada, bajo diversas metodologías y alianzas, en los últimos diez años. No es una fatalidad ni un accidente, sino un crimen social largamente anunciado.
Plataforma 2012 suma su voz a los reclamos de los trabajadores ferroviarios, que exigen la urgente rescisión de la concesión a TBA, la re-estatización del ferrocarril con control de trabajadores y usuarios y el castigo a los verdaderos responsables de la masacre. ¡Que el crimen no quede impune!

4 de marzo de 2012



FOTO GALERÍA
Imágenes del acto-aniversario,
banners recordatorio y convocantes







Reproducimos Comunicado de Prensa
de la Comisión de Reclamos del Cuerpo de Delegados de la Seccional Gran Buenos Aires de la Unión Ferroviaria






miércoles, 13 de febrero de 2013

¡Repudiamos la criminalización de la lucha del pueblo de Libertador!


Comunicado de prensa  |  6 de febrero del 2013

¡Repudiamos la criminalización de la lucha del pueblo de Libertador!

A casi dos años de la histórica lucha del pueblo de Libertador (Jujuy) por tierra y vivienda, en una localidad cercada por el gigantesco latifundio de Ledesma, Kike Mosquera, Pepe Ibáñez, Manolo Chigre y Juan Reartes y decenas de compañeros de la Corriente Clasista y Combativa, han sido citados al juzgado de San Pedro por las causas de usurpación, instigación a la violencia, daños, lesiones, incendios y otras causas más.
Quieren procesar y encarcelar a los compañeros por “usurpación” cuando esas tierras ya están expropiadas y más de 2300 familias viven legalmente en ellas.
La política del gobierno kirchnerista criminaliza la protesta popular y a sus dirigentes. Pero a los asesinos de  Alejandro Farfán, Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan José Velázquez no los cita nadie. No citan ni imputan ni a responsables directos, ni a los funcionarios de Ledesma, ni a los responsables políticos de la brutal represión que asesinó a los 4 jóvenes e hirió a 60 personas con armas de fuego.
Los quieren llevar a la cárcel por pelear contra Ledesma y los gobiernos mientras los asesinos de siguen impunes.
Denunciamos este nuevo atropello, y llamamos a la solidaridad activa con los compañeros de Libertador, y para estar presentes, junto a ellos, desde todo el país, el 28/2, en Jujuy.

Otto Vargas
Secretario General del PCR

miércoles, 6 de febrero de 2013

CITAN A DECLARAR A DIRIGENTES DE LA TOMA DE TIERRAS EN LIBERTADOR




5 de febrero de 2013


EN LA JUSTICIA JUJEÑA REINA LA IMPUNIDAD


CITAN A DECLARAR A DIRIGENTES DE LA TOMA DE TIERRAS EN LIBERTADOR


El 20 de julio del 2011 cansados de vivir hacinados y de las promesas de Ledesma, cientos de familias de Libertador General San Martín tomaron 15has (El Triangulo) de la empresa Ledesma que posee 150 mil has. Ocho días después, el 28 de julio, sin informar de la orden de desalojo se inicio a las 6:15 de la mañana una brutal represión que duro 7 horas y dejó el saldo de 4 muertos y 60 heridos de bala de plomo.


EL IRREGULAR PROCESO JUDICIAL
El juez Jorge Samman, que ordenó el desalojo en menos de dos días y un día antes del desalojo y la represión se fue de vacaciones. Ya contando con la orden del Juez Samman, la policía, el gobierno y Ledesma, decidieron hora y forma de llevar a cabo el desalojo. Samman podría haber dejado el expediente en manos de la Jueza habilitada, Carolina Perez Rojas, durante sus vacaciones, para que profundizara la investigación sobre la usurpación, y en su caso ordenara el desalojo sin la ligereza que requirió firmar la orden el 22 de julio, con una denuncia del 20 de julio. Esta ligereza demostró el servilismo del juez a Ledesma.
El mismo día del desalojo, simultáneamente a la muerte de Alejandro Farfán en el predio, la CCC presentaba un escrito ante la jueza habilitada solicitando se suspendiera el desalojo porque allí había originarios, y leyes de orden público prohíben el desalojo que los mismos hasta noviembre de 2013.
A las 9:30 hs, la Jueza Carolina Pérez Rojas decide suspender el desalojo. Las órdenes son transmitidas a los jefes policiales, quienes no obedecen, ya que siguen con el operativo. Tres horas después de esta orden de suspensión caen heridos y mueren Ariel Farfán, Felix Reyes y Juan Velazquez. Hubo 60 heridos de balas de plomo como Vidaurre y Mendez que hicieron la denuncia penal y pública sobre el accionar policial.
El procedimiento policial de desalojo, además de matar y herir con balas de plomo, implicó llevar a cabo conductas delictivas como quemar todo lo que pertenecía a los ocupantes, colchones, carpas, etc
También hubo lesiones intencionales –golpizas- de mucha gravedad, con deformaciones del rostro a varios jóvenes, heridas de bala de goma provocadas a mínima distancia en la cara de una joven, y lesiones varias.
Fueron también denunciados los vejámenes a los que fueron sometidas las mujeres en la comisaría de Fraile Pintado, habiéndolas ya lesionadas a varias por las golpizas, las hicieron desnudar por completo frente a una decena de policías varones. Una mujer embarazada fue detenida luego de ser maniatada contra el piso por policías, y cuando pidió agua en la seccional le dieron una botella con orina.


REINA LA IMPUNIDAD
No hay un solo jefe de la policía acusado formalmente por el fiscal Parentis, tampoco ningún policía de los que disparó con armas de fuego, tampoco hay acusación alguna a los responsables políticos e ideológicos de la brutal represión.
Mientras los asesinos y los responsables políticos e ideológicos están libres hoy comienza una ofensiva judicial contra la CCC y se intenta procesar a los dirigentes del movimiento. Intentan transformar a las victimas en victimarios.

LA SITUACION HOY
A partir de mañana decenas de compañeros de la CCC de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy, entre ellos Kike Mosquera, Pepe Ibáñez, Manolo Chigre y Juan Reartes han sido citados al juzgado de San Pedro por el fiscal Parentis por las causas de usurpación, instigación a la violencia, daños, lesiones, incendios y otras causas más.
Pero a los asesinos de Alejandro Farfan, Ariel Farfan, Félix Reyes, Juan José Velazquez no los cita nadie....
¿Porque no citan ni imputan al ex ministro de Gobierno Pablo Lavilla, al jefe de seguridad de Ledesma Carlos Ferro, a los jefes de la policía Ayarde, Vega y Sosa, a los efectivos de infantería y del CEOP que estuvieron disparando y mataron a 4 jóvenes e hirieron a 60 personas con armas de fuego?....
Aparte hoy a casi dos años se intenta procesar a los compañeros por usurpación cuando esas tierras están expropiadas y más de 2300 familias ya viven legalmente en ellos.
Nos quieren llevar a la cárcel por pelear contra Ledesma y los gobiernos mientras los asesinos de nuestros jóvenes siguen impunes.
No nos callaran y no dejaremos de luchar por la liberación nacional y social.


A 1 año y 8 meses DE LA HISTÓRICA TOMA DE TIERRAS EN LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN

JUSTICIA, TIERRA, VIVIENDA Y TRABAJO
para las miles de familias que lo necesiten

Hoy más que nunca exigimos Justicia
por Alejandro Farfán, Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan José Velazquez.


Corriente Clasista y Combativa
Libertador General San Martin – Jujuy


Contacto: Kike Mosquera 3886-15460350