HOMENAJE
A
RENÉ
SALAMANCA
Por la
incorporación a la megacausa La
Perla, de la causa Rodríguez 2, donde se encuentra el caso
de René Salamanca y alrededor de 180 más. ¡Cárcel común, perpetua y efectiva
a todos los represores!
22/02, 10 hs. Marcha
de Plaza Velez Sársfield a los Tribunales Federales.
22/02, 17 hs.
Acto homenaje a René Salamanca en Plazoleta René Salamanca y demás obreros
mártires de la lucha popular (frente a la Renault).
Después,
velada -choripaneada de intercambio, con actividades recreativas y
culturales.
Organiza: Comisión Permanente
de Homenaje a René Salamanca.
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viernes, 22 de febrero de 2013
Homenaje a René Salamanca en la provincia Córdoba
En el aniversario de la tragedia de Once, reproducimos documento de Plataforma 2012 leído en el acto del 22 de febrero y publicado el 4 de marzo de 2012
La
masacre de Once
UNA
TRAMA
DE
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
A las 8.30 del miércoles 22 de febrero, en plena
hora pico, una multitud emprendía el camino hacia su lugar de trabajo, como
todos los días. Sin embargo, ese miércoles, en un tren de Buenos Aires, la
rutina estalló. Otra vez el dolor, la tragedia y la muerte enlutaban la vida
de los argentinos.
Es difícil hablar sobre el dolor, pero también
es ineludible: es responder a una demanda social de justicia y a la necesidad
de resolver los problemas que afectan las diferentes formas de la vida
cotidiana y que al no ser afrontados exponen a nuestro pueblo al desamparo y
dejan las puertas abiertas a nuevas catástrofes.
Sobre los 51 muertos y los cientos de heridos,
sobre todos aquellos que por mucho tiempo no podrán borrar de sus mentes las
imágenes, los sonidos y hasta los olores del horror, cayó un primer anatema:
“esa costumbre de los argentinos de viajar en los primeros vagones”. Así, el
Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi iniciaba, para este trágico caso
que nos conmueve e indigna, el viejo y triste ejercicio de culpabilizar a las
víctimas, mostrando de paso su absoluto desprecio por los trabajadores. En la
conferencia de prensa en la que Schiavi volvió a aparecer, esta vez junto al
Ministro de Planificación Julio De Vido, y en la que - como es habitual en la
práctica comunicacional del oficialismo - no se admitieron preguntas de los
periodistas, se anunció que el gobierno - en una estrategia de
auto-victimización, tendiente a invertir la realidad de los hechos y a forjar
el camino de su propia impunidad - se presentaría como querellante en la
causa. Pocos días después la
Ministra de Seguridad Nilda Garré reproducía la inducción
de culpabilidad sosteniendo que Lucas Menghini, la última víctima fatal
hallada en el mismo escenario de la masacre, viajaba en un lugar inadecuado.
Las palabras inconcebibles pronunciadas por dichos funcionarios fueron
apuntaladas por la
Presidenta de la
Nación en el acto de homenaje a la bandera, celebrado el
lunes 27 en Rosario, después de varios días de inexplicable silencio.
Cristina Fernández de Kirchner dijo entonces que el gobierno esperaría los
resultados de la investigación judicial para tomar las medidas pertinentes,
como si no fueran de público conocimiento el estado de abandono de los trenes
de pasajeros y la cadena de corrupción vinculada a su concesión, que tiene
nombres y apellidos. En el discurso de apertura de las sesiones
parlamentarias atribuyó al pago de las deudas del corralito la insuficiencia
de inversiones en el sector, ocultando la realidad de los subsidios millonarios
que la concesionaria Cirigliano ha recibido durante los 8 años de gestión
kirchnerista, y que provienen de las arcas del Estado.
Más allá de la falta de sensibilidad que puede
inferirse del hecho de no haber rodeado de afecto y continencia a las
víctimas y a sus familiares, el gobierno eligió tratar el tema desde un lugar
de exterioridad, como observador neutral, silenciando lo fundamental: las
responsabilidades conocidas, en particular la suya. Esta parece ser su marca
registrada: cuando se trata de hechos flagrantes que contradicen su discurso
épico “nacional y popular”, los silencia o enmascara. Así lo hizo con la
sanción de la ley antiterrorista, o con las corporaciones mineras.
¿Es que el gobierno no se daba por enterado de las
denuncias expresadas de las más diversas formas? No sólo hubo a lo largo de
estos años estallidos populares espontáneos que daban cuenta del deterioro,
del abandono que no garantizaba las condiciones básicas para el
funcionamiento seguro del ferrocarril. También la Auditoría General
de la Nación
y los propios delegados de los trabajadores del Sarmiento habían alertado una
y otra vez sobre los peligros que se cernían y que finalmente desencadenaron
la tragedia. La inculpación del conductor, el supuesto “error humano”, tiene
también el sentido de ocultar a los verdaderos responsables: la empresa TBA y
el gobierno.
La política de vías férreas concesionadas a
empresarios privados, iniciada por Carlos Menem, que provocó el despido de
80.000 trabajadores, la desaparición de decenas de pueblos y el saqueo del
patrimonio nacional, se mantuvo sin variaciones hasta hoy. Distintas
corporaciones se siguen beneficiando de las ganancias que producen los trenes
de carga mientras que los subsidios estatales que tenían que ser destinados
al mantenimiento y al funcionamiento eficiente y seguro de los trenes de
pasajeros terminaron engordando los bolsillos de grupos amigos como los
hermanos Cirigliano de TBA, cuya relación con el gobierno ha sido denunciada
desde que se iniciaron los juicios al ex Secretario de Transporte Ricardo
Jaime.
El desguace del Estado fue posible merced a las
llamadas políticas “neoliberales” aplicadas en los ‘90, que profundizaron la
desigualdad e hicieron que la precariedad, como forma de relación social,
expandiera violentamente sus fronteras. Ese “modelo”, con su correlato en la
cultura, la posmodernidad, no sólo apuntó al quiebre de solidaridades
(sociales, laborales), potenciando la asimetría existente entre capital y
trabajo, sino que fragmentó aún más la experiencia de los individuos, e
insertó la vida en un horizonte signado por la inestabilidad, la
incertidumbre, la indefensión y la falta de perspectivas en relación al
futuro. La espesa trama de las distintas formas de corrupción e impunidad,
que contó con la complicidad y la participación activa del aparato del
Estado, multiplicó los peligros de la precariedad imperante: mayores riesgos
laborales, grandes usufructos empresariales, transferencia de ganancias
millonarias al exterior, reducción de costos, enorme deterioro de los
servicios e imposición de condiciones indignas de trabajo.
Este estado de cosas transformó la vida de las
personas en mercancías, en cuerpos sacrificables o desechables. Es en esta
perspectiva que se inscribe la muerte de 7 operarios en la explosión de la
fábrica militar de Río Tercero (1995), de 67 pasajeros de Lapa (1999), de 14
trabajadores en el yacimiento de Río Turbio (2004), de 194 jóvenes en
Cromañón (2004), de las víctimas de trabajo esclavo en los incendios en talleres
textiles en Buenos Aires (2006 y 2007), de 11 pasajeros en el accidente de
Flores (2011).
En ese marco, la masacre de Once expresa de modo
paradigmático un “modelo” cuya base fue impulsada por las reformas
neoliberales de los años ’90, y que fue profundizada y consolidada, bajo
diversas metodologías y alianzas, en los últimos diez años. No es una
fatalidad ni un accidente, sino un crimen social largamente anunciado.
Plataforma 2012 suma su voz a los reclamos de
los trabajadores ferroviarios, que exigen la urgente rescisión de la
concesión a TBA, la re-estatización del ferrocarril con control de
trabajadores y usuarios y el castigo a los verdaderos responsables de la
masacre. ¡Que el crimen no quede impune!
4 de marzo de 2012
FOTO GALERÍA
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miércoles, 13 de febrero de 2013
¡Repudiamos la criminalización de la lucha del pueblo de Libertador!
Comunicado de prensa | 6
de febrero del 2013
¡Repudiamos la criminalización de
la lucha del pueblo de Libertador!
A
casi dos años de la histórica lucha del pueblo de Libertador (Jujuy) por
tierra y vivienda, en una localidad cercada por el gigantesco latifundio de
Ledesma, Kike Mosquera, Pepe Ibáñez, Manolo Chigre y Juan Reartes y decenas
de compañeros de la Corriente Clasista y Combativa, han sido citados al
juzgado de San Pedro por las causas de usurpación, instigación a la
violencia, daños, lesiones, incendios y otras causas más.
Quieren
procesar y encarcelar a los compañeros por “usurpación” cuando esas tierras
ya están expropiadas y más de 2300 familias viven legalmente en ellas.
La
política del gobierno kirchnerista criminaliza la protesta popular y a sus
dirigentes. Pero a los asesinos de
Alejandro Farfán, Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan José Velázquez no
los cita nadie. No citan ni imputan ni a responsables directos, ni a los
funcionarios de Ledesma, ni a los responsables políticos de la brutal
represión que asesinó a los 4 jóvenes e hirió a 60 personas con armas de
fuego.
Los
quieren llevar a la cárcel por pelear contra Ledesma y los gobiernos mientras
los asesinos de siguen impunes.
Denunciamos
este nuevo atropello, y llamamos a la solidaridad activa con los compañeros
de Libertador, y para estar presentes, junto a ellos, desde todo el país, el
28/2, en Jujuy.
Otto Vargas
Secretario General del PCR
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miércoles, 6 de febrero de 2013
CITAN A DECLARAR A DIRIGENTES DE LA TOMA DE TIERRAS EN LIBERTADOR
5 de
febrero de 2013
EN LA JUSTICIA JUJEÑA REINA LA IMPUNIDAD
CITAN A DECLARAR A DIRIGENTES DE LA TOMA DE TIERRAS EN
LIBERTADOR
El 20 de julio del 2011 cansados de vivir hacinados y de
las promesas de Ledesma, cientos de familias de Libertador General San Martín
tomaron 15has (El Triangulo) de la empresa Ledesma que posee 150 mil has.
Ocho días después, el 28 de julio, sin informar de la orden de desalojo se
inicio a las 6:15 de la mañana una brutal represión que duro 7 horas y dejó
el saldo de 4 muertos y 60 heridos de bala de plomo.
EL IRREGULAR PROCESO JUDICIAL
El
juez Jorge Samman, que ordenó el desalojo en menos de dos días y un día antes
del desalojo y la represión se fue de vacaciones. Ya contando con la orden
del Juez Samman, la policía, el gobierno y Ledesma, decidieron hora y forma
de llevar a cabo el desalojo. Samman podría haber dejado el expediente en
manos de la Jueza habilitada, Carolina Perez Rojas, durante sus vacaciones,
para que profundizara la investigación sobre la usurpación, y en su caso
ordenara el desalojo sin la ligereza que requirió firmar la orden el 22 de
julio, con una denuncia del 20 de julio. Esta ligereza demostró el servilismo
del juez a Ledesma.
El
mismo día del desalojo, simultáneamente a la muerte de Alejandro Farfán en el
predio, la CCC presentaba un escrito ante la jueza habilitada solicitando se
suspendiera el desalojo porque allí había originarios, y leyes de orden
público prohíben el desalojo que los mismos hasta noviembre de 2013.
A
las 9:30 hs, la Jueza Carolina Pérez Rojas decide suspender el desalojo. Las
órdenes son transmitidas a los jefes policiales, quienes no obedecen, ya que
siguen con el operativo. Tres horas después de esta orden de suspensión caen
heridos y mueren Ariel Farfán, Felix Reyes y Juan Velazquez. Hubo 60 heridos
de balas de plomo como Vidaurre y Mendez que hicieron la denuncia penal y
pública sobre el accionar policial.
El
procedimiento policial de desalojo, además de matar y herir con balas de
plomo, implicó llevar a cabo conductas delictivas como quemar todo lo que
pertenecía a los ocupantes, colchones, carpas, etc
También
hubo lesiones intencionales –golpizas- de mucha gravedad, con deformaciones
del rostro a varios jóvenes, heridas de bala de goma provocadas a mínima
distancia en la cara de una joven, y lesiones varias.
Fueron
también denunciados los vejámenes a los que fueron sometidas las mujeres en
la comisaría de Fraile Pintado, habiéndolas ya lesionadas a varias por las
golpizas, las hicieron desnudar por completo frente a una decena de policías
varones. Una mujer embarazada fue detenida luego de ser maniatada contra el
piso por policías, y cuando pidió agua en la seccional le dieron una botella
con orina.
REINA LA IMPUNIDAD
No hay un solo jefe de la policía acusado
formalmente por el fiscal Parentis, tampoco ningún policía de los que disparó
con armas de fuego, tampoco hay acusación alguna a los responsables políticos
e ideológicos de la brutal represión.
Mientras los asesinos y los responsables políticos
e ideológicos están libres hoy comienza una ofensiva judicial contra la CCC y
se intenta procesar a los dirigentes del movimiento. Intentan transformar a
las victimas en victimarios.
LA SITUACION HOY
A
partir de mañana decenas de compañeros de la CCC de Libertador General San
Martín en la provincia de Jujuy, entre ellos Kike Mosquera, Pepe Ibáñez,
Manolo Chigre y Juan Reartes han sido citados al juzgado de San Pedro por el
fiscal Parentis por las causas de usurpación, instigación a la violencia,
daños, lesiones, incendios y otras causas más.
Pero
a los asesinos de Alejandro Farfan, Ariel Farfan, Félix Reyes, Juan José
Velazquez no los cita nadie....
¿Porque
no citan ni imputan al ex ministro de Gobierno Pablo Lavilla, al jefe de
seguridad de Ledesma Carlos Ferro, a los jefes de la policía Ayarde, Vega y
Sosa, a los efectivos de infantería y del CEOP que estuvieron disparando y
mataron a 4 jóvenes e hirieron a 60 personas con armas de fuego?....
Aparte
hoy a casi dos años se intenta procesar a los compañeros por usurpación
cuando esas tierras están expropiadas y más de 2300 familias ya viven
legalmente en ellos.
Nos
quieren llevar a la cárcel por pelear contra Ledesma y los gobiernos mientras
los asesinos de nuestros jóvenes siguen impunes.
No
nos callaran y no dejaremos de luchar por la liberación nacional y social.
A 1 año y 8 meses DE LA HISTÓRICA TOMA DE TIERRAS EN LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN
JUSTICIA, TIERRA, VIVIENDA Y TRABAJO
para las miles de familias que lo necesiten
Hoy más que nunca exigimos Justicia
por Alejandro Farfán, Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan José
Velazquez.
Corriente Clasista y Combativa
Libertador General San Martin – Jujuy
Contacto: Kike Mosquera 3886-15460350
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