A 38 años del golpe, CON SALARIOS DE POBREZA Y MILANI NO HAY DERECHOS HUMANOS

Han pasado 38 años del golpe que instauró la dictadura más sangrienta que conoció nuestro país. La misma impuso a través del genocidio, del terror y la muerte un modelo de país de concentración de la riqueza, sometimiento al imperialismo, exclusión social y pobreza. En Jujuy, siguen impunes genocidas, funcionarios (como Alberto Matuk, ministro de Gobierno, que fue juez durante la dictadura) y empresarios, como Blaquier dueño de Ledesma, amigo, socio y dueño del poder político de Fellner y sus secuaces, que siguen le garantizando sus privilegios. A la vez, el gobierno sigue negando un salario digno a la mayoría del pueblo jujeño que hoy se organiza para defender su dignidad en la Intersindical; y apela a la mentira para embarrar y desprestigiar el reclamo salarial acusando de “golpista” a los trabajadores. La Intersindical, levantando las banderas los desaparecidos, ratificó por unanimidad profundizar la lucha. Los “Juicios por Delitos de Lesa Humanidad” que iniciaron en julio de 2012 han sido el resultado de una larga lucha de los organismos de Derechos Humanos, de organizaciones sociales y políticas, y del Pueblo. Se lograron gracias a las innumerables marchas, rondas, escraches y piquetes. Representan una gran conquista popular que no ha sido ninguna concesión de ningún gobierno. Recientemente, en Córdoba, para quienes venimos luchando desde hace años por saber el destino de nuestros compañeros desparecidos, un hecho histórico, este 13 de marzo en Tribunales Federales se incorporó al juicio de La Perla la causa de nuestro querido René Salamanca.   El gobierno nacional intenta utilizar políticamente la lucha de los derechos humanos empañando la memoria de los desaparecidos/as. Así, mientras dice condenar a la dictadura, nombra al frente de las FFAA al genocida Milani, con la falsa idea de que hay genocidas buenos y malos. Dice enfrentar a las corporaciones y sus negocios, pero mantiene lo fundamental del modelo económico impuesto por el golpe, pagando religiosamente la fraudulenta e ilegítima deuda externa contraída por la dictadura que fue utilizada para financiar la tortura y represión. Esta deuda lejos de disminuir, continúa creciendo y se lleva todos los años cerca del 25% del presupuesto nacional. Mientras colapsan los presupuestos de salud, educación o vivienda, el gobierno utiliza los aportes jubilatorios, entre otros, para seguir favoreciendo a los organismos de préstamo internacionales como el Club de Paris. Continúa el proyecto económico instalado por la dictadura: una política de saqueo de nuestros recursos estratégicos a través de un modelo extractivista, como sucede con la megaminería saqueante y contaminante, el fracking y los agronegocios; continúa la concentración de la riqueza y las superganancias para los grandes grupos económicos de la ciudad y el campo. Esta política se realiza a costa de los salarios de hambre, con creciente superexplotación y tercerización del trabajo, profundizando así la miseria y la pobreza del pueblo. El aumento de precios, la devaluación, los tarifazos, los techos salariales y despidos son las medidas que tomó el gobierno para que la crisis la pague el pueblo; mientras mantiene el impuesto “a las ganancias” sobre el salario y prohíbe el aumento del 82% para los jubilados; no duda en entregar el petróleo a la yanqui Chevron con múltiples beneficios y clausulas secretas; indemniza con sumas millonarias a Respol por haber saqueado nuestros hidrocarburos y favorece a Monsanto con la promoción de la soja transgénica. Antes la dictadura secuestraba y torturaba; hoy con métodos distintos, amedrentamientos, procesamientos, utilizando patotas y llegando a la represión abierta, buscan el mismo fin: prohibir la protesta social. El gobierno de Cristina se ha transformado en el segundo gobierno luego de De La Rúa desde 1983 en contar con mayor cantidad de asesinados por luchar. Esta es la respuesta de un gobierno que dice defender los derechos humanos. En los últimos años han sido asesinados 14 compañeros por luchar: por reclamar contra el trabajo en negro y la tercerización como sucedió con Mariano Ferreyra, por reclamar por sus tierras ancestrales como ocurrió con los pueblos originarios en Formosa y Santiago del Estero, y por reclamar viviendas como sucedió en el Parque Indoamericano  y en Ledesma. En la mayoría de los casos se echó mano a Gendarmería como principal aparato de represión, unida a la policía Federal, a las policías provinciales o patotas amparadas por el poder político.  Esta política represiva ha recrudecido en los últimos tiempos. Con Berni en Seguridad y el general Milani al frente de las Fuerzas Armadas, junto al reclamo de la presidenta “que cesen los piquetes”, muestran que el gobierno seguirá desplegando el garrote y la judicialización de las luchas populares. A esto hay que sumar la condena a los trabajadores petroleros de Las Heras y los miles de procesados, muchos de ellos sobre la base del espionaje más artero por parte de fuerzas represivas, como el Proyecto X de la Gendarmería.  Es el poder del pueblo unido en la calle lo que permite alcanzar nuestros reclamos y que la condición para esto es fortalecer la unidad, la participación y la organización de todos los sectores y actores sociales para lograr los objetivos por los que dieron sus vidas nuestros compañeros/as desaparecidos: una Argentina liberada, sin opresión ni explotación.  La bronca creciente en las masas hacia esta política y la firmeza de la lucha de estatales y docentes contra las pretensiones de imponer un techo a las paritarias teñirán este 24 de marzo en el que una vez más hacemos nuestras las consignas del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, reclamando: