No a la impunidad de ayer y de hoy

A38 AÑOS DEL GOLPE MILITAR NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY Salimos a la calle con nuestros 30 mil compañeros y compañeras presentes en la piel, salimos construyendo la memoria histórica en el repudio a la dictadura genocida, al golpe pro imperialista que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso ferozmente el endeudamiento y la entrega, la explotación y el hambre. Salimos exigiendo castigo a los genocidas, con la bandera de quienes dieron testimonio y fueron una vez más desaparecidos o asesinados: con Julio López, con Silvia Suppo. Este 24 de marzo el repudio al golpe del 76 y la lucha contra la impunidad del genocidio dictatorial, estará indisolublemente unida a la lucha contra el espionaje, la represión y la criminalización de la protesta por el gobierno Kirchnerista. Fue esta lucha de 39 años la que consiguió la reapertura de los juicios. El gobierno intenta desconocer la inmensa lucha de los sectores populares por la anulación de la leyes de obediencia debida y punto final desde el momento de su implantación, pelea que duró 18 años durante los cuales el Kirchnerismo no hizo el más mínimo apoyo en este planteo. Esto sin hablar de la resistencia, desde el mismo comienzo de la dictadura, contra ella y la denuncia de las desapariciones, encarcelamientos y torturas, en las que los Kirchner no tuvieron nada que ver. Salimos, como todos los años, para exigir cárcel ya a todos los genocidas, cárcel común para Blaquier y Lemos y la destitución y el juzgamiento del genocida Milani (AMPARADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL PODER JUDICIAL) y denunciando también la criminalización de la protesta y la pobreza con su secuela de 5000 procesados por luchar, más de 200 desaparecidos en democracia y más de 4000 asesinados por el gatillo fácil. NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY -APERTURA DE LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA Y DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA HASTA LA ACTUALIDAD. -DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO Y DE ESPIONAJE. -NI SIDE-NI AFI. (¡FUERA LOS STIUSOS!) -NO AL PROYECTO X- NO A LA LEY ANTITERRORISTA. -FUERA MILANI -CÁRCEL COMÚN A BLAQUIER Y LEMOS. NI UN PASO ATRÁS! -NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y LA POBREZA. 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS ¡PRESENTE!

A 38 años del golpe, CON SALARIOS DE POBREZA Y MILANI NO HAY DERECHOS HUMANOS

Han pasado 38 años del golpe que instauró la dictadura más sangrienta que conoció nuestro país. La misma impuso a través del genocidio, del terror y la muerte un modelo de país de concentración de la riqueza, sometimiento al imperialismo, exclusión social y pobreza. En Jujuy, siguen impunes genocidas, funcionarios (como Alberto Matuk, ministro de Gobierno, que fue juez durante la dictadura) y empresarios, como Blaquier dueño de Ledesma, amigo, socio y dueño del poder político de Fellner y sus secuaces, que siguen le garantizando sus privilegios. A la vez, el gobierno sigue negando un salario digno a la mayoría del pueblo jujeño que hoy se organiza para defender su dignidad en la Intersindical; y apela a la mentira para embarrar y desprestigiar el reclamo salarial acusando de “golpista” a los trabajadores. La Intersindical, levantando las banderas los desaparecidos, ratificó por unanimidad profundizar la lucha. Los “Juicios por Delitos de Lesa Humanidad” que iniciaron en julio de 2012 han sido el resultado de una larga lucha de los organismos de Derechos Humanos, de organizaciones sociales y políticas, y del Pueblo. Se lograron gracias a las innumerables marchas, rondas, escraches y piquetes. Representan una gran conquista popular que no ha sido ninguna concesión de ningún gobierno. Recientemente, en Córdoba, para quienes venimos luchando desde hace años por saber el destino de nuestros compañeros desparecidos, un hecho histórico, este 13 de marzo en Tribunales Federales se incorporó al juicio de La Perla la causa de nuestro querido René Salamanca.   El gobierno nacional intenta utilizar políticamente la lucha de los derechos humanos empañando la memoria de los desaparecidos/as. Así, mientras dice condenar a la dictadura, nombra al frente de las FFAA al genocida Milani, con la falsa idea de que hay genocidas buenos y malos. Dice enfrentar a las corporaciones y sus negocios, pero mantiene lo fundamental del modelo económico impuesto por el golpe, pagando religiosamente la fraudulenta e ilegítima deuda externa contraída por la dictadura que fue utilizada para financiar la tortura y represión. Esta deuda lejos de disminuir, continúa creciendo y se lleva todos los años cerca del 25% del presupuesto nacional. Mientras colapsan los presupuestos de salud, educación o vivienda, el gobierno utiliza los aportes jubilatorios, entre otros, para seguir favoreciendo a los organismos de préstamo internacionales como el Club de Paris. Continúa el proyecto económico instalado por la dictadura: una política de saqueo de nuestros recursos estratégicos a través de un modelo extractivista, como sucede con la megaminería saqueante y contaminante, el fracking y los agronegocios; continúa la concentración de la riqueza y las superganancias para los grandes grupos económicos de la ciudad y el campo. Esta política se realiza a costa de los salarios de hambre, con creciente superexplotación y tercerización del trabajo, profundizando así la miseria y la pobreza del pueblo. El aumento de precios, la devaluación, los tarifazos, los techos salariales y despidos son las medidas que tomó el gobierno para que la crisis la pague el pueblo; mientras mantiene el impuesto “a las ganancias” sobre el salario y prohíbe el aumento del 82% para los jubilados; no duda en entregar el petróleo a la yanqui Chevron con múltiples beneficios y clausulas secretas; indemniza con sumas millonarias a Respol por haber saqueado nuestros hidrocarburos y favorece a Monsanto con la promoción de la soja transgénica. Antes la dictadura secuestraba y torturaba; hoy con métodos distintos, amedrentamientos, procesamientos, utilizando patotas y llegando a la represión abierta, buscan el mismo fin: prohibir la protesta social. El gobierno de Cristina se ha transformado en el segundo gobierno luego de De La Rúa desde 1983 en contar con mayor cantidad de asesinados por luchar. Esta es la respuesta de un gobierno que dice defender los derechos humanos. En los últimos años han sido asesinados 14 compañeros por luchar: por reclamar contra el trabajo en negro y la tercerización como sucedió con Mariano Ferreyra, por reclamar por sus tierras ancestrales como ocurrió con los pueblos originarios en Formosa y Santiago del Estero, y por reclamar viviendas como sucedió en el Parque Indoamericano  y en Ledesma. En la mayoría de los casos se echó mano a Gendarmería como principal aparato de represión, unida a la policía Federal, a las policías provinciales o patotas amparadas por el poder político.  Esta política represiva ha recrudecido en los últimos tiempos. Con Berni en Seguridad y el general Milani al frente de las Fuerzas Armadas, junto al reclamo de la presidenta “que cesen los piquetes”, muestran que el gobierno seguirá desplegando el garrote y la judicialización de las luchas populares. A esto hay que sumar la condena a los trabajadores petroleros de Las Heras y los miles de procesados, muchos de ellos sobre la base del espionaje más artero por parte de fuerzas represivas, como el Proyecto X de la Gendarmería.  Es el poder del pueblo unido en la calle lo que permite alcanzar nuestros reclamos y que la condición para esto es fortalecer la unidad, la participación y la organización de todos los sectores y actores sociales para lograr los objetivos por los que dieron sus vidas nuestros compañeros/as desaparecidos: una Argentina liberada, sin opresión ni explotación.  La bronca creciente en las masas hacia esta política y la firmeza de la lucha de estatales y docentes contra las pretensiones de imponer un techo a las paritarias teñirán este 24 de marzo en el que una vez más hacemos nuestras las consignas del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, reclamando:

Breve repaso de personalidades y complicidades con los genocidas en los últimos años

>> Jujuy

Breve repaso de personalidades y complicidades con los genocidas en los últimos años

>De Carrizo Salvadores a Marcelo Voros. Funcionarios y medios implicados.

Por Mateo Villada

No pasó mucho tiempo desde aquellos momentos en que Jujuy tenía de Jefe de la Policía Provincial al genocida Carlos Carrizo Salvadores, que no solo fue un represor en la dictadura al haber actuado en la Masacre de Capilla del Rosario en Catamarca; sino un represor en plena democracia, nombrado por el gobernador Eduardo Fellner, causante de la muerte de Marcelo Cuéllar, militante de la CCC, en el año 2003, luego de una feroz represión en Libertador General San Martín a una marcha que repudiaba el asesinato de Cristian Ibáñez en la Comisaría 39 de esa localidad. En seguida de mandar a matar, Salvadores renunció. Y al irse se despidió de su amigo: Jujuy tiene, en Eduardo Fellner, “un gobernador de lujo, el cual tiene que tener el camino totalmente allanado para esclarecer lo ocurrido”, sostuvo el genocida (1). Ese allanamiento que Carrizo Salvadores le dejó a Fellner, sentenció en la adicta justicia que una “bala perdida” había matado a Cuéllar.

Se fue Salvadores y está siendo juzgado por sus crímenes. De ese ayer al hoy, entre el medio, Clara Langhe de Falcone y Sergio Jenefes, en una repartija a dedo entre radicales y peronistas, fueron nombrados vocales del Superior Tribunal de Justicia. Amiga del senador Gerardo Morales la primera, ex diputada provincial por la UCR; hermano del oligarca vicegobernador Guillermo Jenefes (PJ-FpV), el segundo, y quien no tenía la más mínima carrera judicial, saltando de abogado del Banco Macro a vocal del Superior Tribunal de Justicia entre gallos y medianoches. Sergio Jenefes fue Director de Tierras Fiscales y Subsecretario de Promoción y Asistencia a la Comunidad del gobierno del represor Fernando Urdapilleta, durante los años de plomo en Jujuy. Falcone, fue Directora de Cultura de la Municipalidad de San Pedro en esos tiempos de pólvoras y censuras y de artistas perseguidos. Al mismo tiempo, el intendente Jorge (UCR) nombraba a Luis Alberto Morales como Director de Seguridad Ciudadana, y quien fuera custodio del Coronel Bulacios, exgobernador en Jujuy de la dictadura y Jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada n° 20, una de las cabezas de las desapariciones y torturas en la provincia.

A su vez, en el Colegio de Abogados de Jujuy, su presidente, Mario Mallagray (quien promovió un increíble proceso de suspensión de matrícula contra Mariana Vargas por escrachar a violadores), puso como titular del Tribunal de Ética de esa institución, a Said Jorge Llapur, quien fuera Jefe de la Fiscalía de Estado de Urdapilleta en 1976, y luego fuera Subsecretario de Gobierno y Justicia en 1978 para ser ascendido a Secretario de Gobierno y Justicia en 1979. Además, tenemos datos certeros de que el ex Gobernador fellnerista y kirchnerista, y hoy senador nacional por el FpV, Walter Bacilio Barrionuevo, trabajó en la sección legal para esa Secretaría de Gobierno y Justicia del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación del Gobierno del genocida Urdapilleta. No es cosa nueva esto de civiles cómplices con la dictadura. El ex gobernador menemista Carlos Ferraro (PJ) fue Jefe de Prensa de la Provincia durante la dictadura (2). Ferraro se desempeñó estos últimos años como Director del diario El Tribuno de Jujuy, propiedad del diputado nacional por Jujuy Rubén Rivarola (FpV) y hace pocos días renunció a ese cargo para ser nombrado Gerente de Noticias del Grupo Radiovisión S.A., propiedad del Vicegobernador Guillermo Jenefes (PJ-FpV), cuyo grupo –que debe adaptarse a la nueva ley de medios- defendió innumerables veces a Ledesma, a Blaquier, pide represiones, silencia las causas populares, critica a los luchadores sociales, es voz de los grandes terratenientes y empresarios más inescrupulosos de la provincia. Esta complicidad de los medios hegemónicos tampoco es novedad. Hay un ejemplo más nefasto. Annuar Jorge, quien fuera senador nacional por Jujuy en los 90’, además de candidato a gobernador, es el dueño del diario Pregón, que en sus páginas aplaudió y bendijo todos los actos de la dictadura cívico militar, además de ser funcionario de ésta, y no dudó en mostrar sus afinidad, cariño y respeto por los genocidas, desde Videla a Urdapilleta, pasando por todos los estratos. En julio del año 2012, Annuar Jorge, por iniciativa de la senadora kirchnerista Liliana Fellner (hermana del gobernador), el Senado de la Nación le otorgó el premio “Domingo Faustino Sarmiento” a este cómplice de dictadores.

También recordemos al ex Juez Federal Olivera Pastor, que renunció a principios de 2012, quien frenó los procesos contra genocidas y, especialmente, contra Carlos Pedro Blaquier. Olivera Pastor estuvo a cargo, antes de ser juez, de la Secretaría n° 4 (en lo penal) del Juzgado Federal n° 2, que presidía nada menos que el entonces juez Horacio Aguilar, hoy abogado defensor de Blaquier y de Alberto Lemos. Pero esto no es todo. En la Secretaría de Ejecuciones Fiscales de ese mismo juzgado de Aguilar, se desempeñaba Diego D’Andrea Cornejo, quien hoy también es defensor de Blaquier y de Lemos, además de asesor del gobierno de Urtubey en Salta. Y vale decir que otro de los abogados de Blaquier es Jorge Valerga Aráoz, quien fuera magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones y Correccional de Capital Federal, encargada de juzgar a las Juntas en 1985, y quien confirma su mutación al defender al genocida Blaquier y, antes de él, al ex Secretario de Seguridad de la Nación de la Alianza, Enrique Mathov, acusado de los asesinatos cometidos en 2001 durante el Argentinazo. Pero antes de esto, el Estudio Jurídico que defendió a Ledesma fue el de Jorge Noceti, hoy diputado provincial del fellnerismo y del kirchnerismo, quien además fuera denunciado por Carlos Benito Aramayo por censurar su libro “Jujuy en el Bicentenario” en la feria del libro de Bs.As. en el año 2012.

Llegando al Hoy, por las noticias, nos damos con que Fellner recibió al nuevo Jefe de la Policía Federal y hablaron sobre seguridad y las políticas a seguir en conjunto. Resultó que la Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, nombró como Jefe de la Delegación Jujuy, a Marcelo Alejandro Voros. Repasemos su historia. En 2008, Voros era subcomisario en Bahía Blanca cuando, debido a su políticas de “celdas abiertas” para con los represores, permitió la fuga del genocida Julián “Laucha” Corres. Así lo sostuvo la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, al afirmar que “por directivas de Voros su celda estaba abierta y por eso (Corres) se fugó” (3). Según afirmara el periodista Diego Martínez en Página 12, policías testigos afirmaron que Voros mantenía “una relación que oscilaba entre la admiración y la pleitesía con los represores. Los privilegios incluían amenas charlas de café en sus despachos y constantes visitas de militares en una sala especialmente acondicionada, en un sector inaccesible para presos comunes” (4). Consultado Hugo Cañón, fiscal de la causa de la fuga de Corres, hoy presidente de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, dijo que Voros también “atendía particularmente” a Miguel Ángel García Moreno, ex militar actualmente prófugo (5). Por ese proceso, a Voros se lo embargó y se le inhibieron bienes por $150.000 (6), ya que la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca sostuvo, en contra de lo que probara el fiscal Cañón, que hubo negligencia y no dolo en su responsabilidad. Cañón sostendría que “Todo lo que se investigó permite inferir que (la fuga) no fue un acto casual, producto sólo de la inoperancia y/o complicidad de la Policía Federal, sino que hubo un apoyo logístico expreso desde afuera. Todo sugiere que hubo una actividad de inteligencia del Ejército y un enlace institucional o cuasi institucional, ya que existió más de una maniobra distractiva para garantizar la posibilidad de fuga” (7).

Por último, resulta sumamente preocupante esta designación, y el silencio que en esta provincia hay sobre esta noticia, no solo de los medios hegemónicos (dominados por el vicegobernador Jenefes –PJ/FpV-), sino de los sectores kirchneristas que una vez más caen en este absurdo doble discurso, y que por el hecho de no “quemar” al gobierno nacional por su responsabilidad, prefieren callar. Es preocupante porque ¿qué seguridad le otorga a cualquier acto de la Justicia Federal en las causas de delitos de lesa humanidad, especialmente en las investigaciones contra Blaquier, Lemos y su empresa Ledesma, que un comisario admirador de represores y cómplice de sus fugas, sea el encargado de realizar cuántas prácticas judiciales el Tribunal le ordene? ¿Qué seguridad de “sorpresa” puede tener un allanamiento o un secuestro de bienes en estos procesos en la competencia federal en la provincia de Jujuy?

La impunidad en Jujuy prosigue, de la mano del gobierno nacional y del gobierno provincial –que es dueña de los medios hegemónicos-. La causa contra Bulgheroni, Braga y Vargas y el procesamiento de Blaquier son un avance (aunque insuficiente), producto de la lucha del pueblo contra la impunidad; pero sus cómplices, hoy caminan por las calles de la provincia, como si nada sucediere. Son nombrados funcionarios en cargos nacionales, provinciales y municipales; y desde ahí actúan en consecuencia. Escriben columnas en diarios, toman incontables notas en los canales locales, reciben premios y reconocimientos, silencian el pasado, y se enriquecen en el presente. Ahí andan, aún hoy, reprimiendo y mordiendo. Cuenteando y contando.